El arancel ambiental, arancel ecológico, arancel medioambiental, arancel verde,[1] arancel climático, mecanismo de carbono en frontera,[2] mecanismo de ajuste en frontera por emisiones de carbono,[3] arancel de CO2 comunitario,[4] arancel de carbono[5] o mecanismo de ajuste de carbono en frontera (Carbon Border Adjustment Mechanism)[6] es un impuesto a las importaciones que han creado algunos países —y estudian otros— para proteger sus industrias con el argumento de compensar los costos de producción derivados de las normas establecidas para reducir la contaminación ambiental y cuidar el medio ambiente.[7][8][9] El arancel ambiental trata de evitar la fuga de carbono.[6] Este impuesto ha sido cuestionado como una forma encubierta de proteccionismo de los países desarrollados en perjuicio de los países en desarrollo.[10] Sin embargo la Unión Europea afirma[6] que su mecanismo de ajuste de carbono en frontera (expresión con la que ha bautizado a su arancel ambiental) no es proteccionismo, sino una garantía de igualdad de condiciones en una situación donde algunos países hacen más esfuerzos que otros para alcanzar la descarbonización.
Debe diferenciarse el arancel ambiental del impuesto sobre el carbono (en realidad sobre las emisiones de gases de efecto invernadero) y del precio del carbono. Los 3 se encuentran dentro de la misma lógicaː como las emisiones de gases de efecto invernadero causan externalidades negativas (el calentamiento mundial), deben tener un precio que las disuada. La forma más simple es un impuesto sobre el carbono. Pero si unos países lo aplican y otros no, las industrias intensivas en emisiones de los países que sí lo imponen pueden verse perjudicadas por las de los países que no lo tienen (esto se denomina eco-dumping, ecodumping o dumping ecológico).[11] El arancel ambiental viene a nivelar el campo de juego.[12] Tanto el arancel ambiental como el impuesto sobre el carbono pueden considerarse ecotasas.
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